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EuroSocial – Apostando por las defensorías sociales

Organization(s):

Líder del consorcio del programa EUROsociAL Justicia: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) (coordinación) • Institución responsable del proyecto: Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) • Organismos transferentes: UIBA Defensoría Social del Colegio de Abogados de Pichincha (Ecuador) Corte Provincial de Justicia de Pichincha Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala • Organismos receptores: Bolivia: Colegio de Abogados de Oruro (Bolivia) Con la colaboración de: Universidad Técnica de Oruro México: Instituto Veracruzano de la Defensa Pública (México) Con la colaboración de: Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz Universidad Veracruzana Costa Rica: Defensoría Pública de Costa Rica Con la colaboración de: Colegio de Abogados de Costa Rica Ministerio de Justicia de Costa Rica Universidad de Costa Rica

Country (ies):

Transferentes: Guatemala y Ecuador Receptores: Bolivia, Costa Rica y México Coordinación: FIIAPP (España) y UIBA Consorcio EUROsociAL Justicia: Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Hungría y México, además del Centro de Estudios de Justicia para las Américas de la OEA. En las actividades de EUROsociAL Justicia han participado más de 900 instituciones, el 70% de ellas de América Latina.

Overview:

El proyecto está enmarcado en el programa EUROsociAL Justicia, iniciativa de cooperación técnica entre la UE y América Latina basada en el intercambio de experiencias entre organismos públicos de ambas regiones.

Se ha apoyado la creación de Defensorías Sociales en los países receptores – Bolivia, Costa Rica y México – en las que trabajan conjuntamente las Defensorías Públicas y los Colegios de Abogados para mejorar el acceso a la justicia a través de la asistencia jurídica gratuita de la población carcelaria más desfavorecida. En la definición de las tareas de estas Defensorías Sociales se han realizado intercambios de experiencias (buenas prácticas) con Guatemala y Ecuador.

Background:

EUROsociAL Justicia es una iniciativa de cooperación técnica entre la Unión Europea (UE) y América Latina (AL) que forma parte del Programa EUROsociAL, Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina. Con el fin de coordinar las actividades de los cinco sectores que conforman el programa EUROsociAL (Justica, Salud, Empleo, Educación y Fiscalidad) la Oficina de Coordinación elaboró, además de un manual metodológico sobre el intercambio de experiencias, un marco conceptual que permitiera "aterrizar" el concepto político de cohesión social y articularlo en torno a tres ejes de actuación que hicieran posible definir las acciones concretas: 1) el acceso a servicios públicos de calidad 2) un Estado fuerte e incluyente capaz de garantizar los derechos a los ciudadanos y 3) una ciudadanía diversa, activa y participativa. Dentro de esta lógica de actuación, el caso concreto que aquí se presenta permitió a las Defensorías Públicas, a través de EUROsociAL Justicia, proponer una actividad de intercambio de experiencias para la creación de Defensorías Sociales en los tres países mencionados. Conviene destacar la especial incidencia en la cohesión social que la actividad suponía, puesto que afectaba a los tres ejes del programa: acceso, Estado y ciudadanía.

El objetivo principal de EUROsociAL Justicia es mejorar el acceso a la justicia de los grupos más desfavorecidos mediante la mejora de la capacidad de los responsables institucionales para la formulación y gestión de las políticas públicas judiciales. Para ello facilita el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre las instituciones públicas de ambas regiones (norte-sur y sur-sur) sobre las políticas judiciales que fomentan la cohesión social. Las actividades específicas financiadas por este programa son identificadas por parte de los socios transferentes y receptores de cada proyecto.

El objetivo de este proyecto específico es mejorar el acceso a la justicia en los países/regiones involucradas, aumentando la capacidad de instituciones públicas de justicia (Defensorías Públicas) en la atención de la población carcelaria mediante la involucración de los Colegios de Abogados.

Las Defensorías Públicas de los países/regiones beneficiarios/as cuentan con deficiencias en la prestación de servicios a la población carcelaria y sufren una sobrecarga de trabajo, por la falta de recursos asignados, por el reducido número de abogados de oficio y por la alta población carcelaria existente. En consecuencia, no se facilita una adecuada asistencia jurídica a un alto número de internos, lo que impide un acompañamiento apropiado de sus expedientes, afectando especialmente a personas con menores recursos económicos.

La identificación de estas carencias por parte de las instituciones beneficiarias en sus planes de desarrollo sectoriales ha llevado a la identificación de este proyecto junto a la UIBA, creando nuevas unidades en las Defensorías, que les permiten mejorar su prestación de servicios. Por lo tanto, el proyecto ha promovido operaciones dirigidas por los países socios, en línea con los objetivos de la reforma de la cooperación técnica de la Comisión Europea, que en junio de 2008 han sido plasmados en su estrategia troncal.

Para los Colegios de Abogados, el proyecto ha sido una oportunidad de materializar su responsabilidad social y mejorar la coordinación con los organismos públicos. Para los organismos transferentes el proyecto ha sido una oportunidad para intercambiar experiencias con los organismos receptores, contribuyendo a la diseminación de buenas prácticas.

Las diferencias en los avances de los países que han participado en este proyecto ha sido la base sobre la que se fundó la metodología de los intercambios de experiencias. Inicialmente se pretendía trabajar desde una perspectiva Norte-Sur, que se discutió en el primer encuentro de la Asociación Iberoamericana de Defensores Públicos en el marco de EUROsociAL. Fue a lo largo de este encuentro cuando los potenciales destinatarios (Bolivia, Costa Rica y México) descubrieron que su realidad estaba más próxima a la de otros países latinoamericanos (Guatemala y Ecuador) que habían puesto en funcionamiento -con éxito- Defensorías Sociales en el seno de las Defensorías Públicas.

En el conjunto del programa EUROsociAL -y no solo en su sector Justicia- se ha demostrado que las políticas públicas europeas que inicialmente debían servir como referente para las latinoamericanas en su objetivo de lograr una mayor cohesión social, estaban en un nivel de desarrollo demasiado alejado de la realidad político-institucional de los países destinatarios. Cuando estos se reunieron en seminarios y talleres conjuntos comprendieron que era mucho más fructífero apoyarse en sus vecinos, a quienes les unían circunstancias similares, que aspirar a reformas de gran calado como habría requerido el hecho de pretender "imitar" los modelos europeos. De esta forma, las políticas europeas sirvieron como inspiración, pero fue la experiencia de los vecinos la que sirvió como programa de trabajo desde un enfoque más pragmático.

El intercambio de experiencias, como modalidad de aprendizaje entre pares diseñada por el programa EUROsociAL, permite que los responsables de instituciones homólogas entablen un diálogo de igual a igual con el fin de abordar problemáticas similares en contextos dispares. En el caso de las defensorías sociales, el marco jurídico-institucional de los países participantes presentaba ciertas diferencias o especificidades que podían ser salvadas siempre que existiera la voluntad política para llevar adelante el cambio. En ese sentido, el apoyo de un programa euro-latinoamericano firmemente centrado en la idea de promoción de la cohesión social, y basado en un compromiso previo de los Jefes de Estado de ambas regiones, permitió que la iniciativa encontrara el respaldo necesario para que los destinatarios pusieran al servicio del proyecto los medios necesarios y la voluntad de cambio.

La principal limitación del proyecto consistía en la sostenibilidad y el impacto a largo plazo. Para la creación de Defensorías Sociales no bastaba con actuaciones de formación para abogados especializados sino que era esencial que las instituciones destinatarias pusieran a disposición del proyecto los medios humanos y materiales que pudieran garantizar la sostenibilidad de la iniciativa una vez que EUROsociAL retirase la financiación. Además de lograr este compromiso, se aprovecharon las estructuras regionales existentes en el marco de la UIBA para garantizar que el intercambio de experiencias pueda mantener un cauce abierto, una vez se acabe la dotación de fondos multilaterales para el mismo.

Como resultado esperado del proyecto se estableció la mejora de la cohesión social mediante la realización del derecho fundamental a la defensa para un grupo en situación de vulnerabilidad (población carcelaria), incidiendo en las políticas públicas en materia de acceso a la justicia (sostenibilidad mediante la institucionalización de unidades especializadas). Se identificaron los siguientes indicadores de seguimiento: la dotación de recursos humanos y económicos, la formación especializada de 50 abogados por país beneficiario (150 en total) y la atención de 3000 ciudadanos desde las Defensorías Sociales.

Implementation:

El marco conceptual de gestión e implementación de EUROsociAL establece que las administraciones públicas deben tener el papel central en la definición y ejecución de los proyectos financiados por este programa. La metodología se basa en los intercambios entre administraciones públicas (norte-sur y sur-sur) y entre Estado y organizaciones de la sociedad civil, buscando el fortalecimiento y capacitación de estos organismos y contribuyendo a una mejor gestión de las políticas públicas.

Tal y como se ha señalado, la identificación de carencias por parte de las instituciones beneficiarias ha llevado a la identificación de este proyecto, lo que ha asegurado un ajuste de necesidades-intereses-objetivos a las capacidades-recursos disponibles. El intercambio de experiencias comenzó desde una perspectiva norte-sur (conforme al documento de formulación presentado al consorcio EUROsociAL Justicia por los Colegios de Abogados y Defensorías Públicas de Veracruz-México, Costa Rica y Oruro-Bolivia, en colaboración con la UIBA) con la celebración de un encuentro de la Asociación Iberoamericana de Defensores Públicos en el marco de EUROsociAL. Sin embargo, dicho encuentro sirvió a los participantes para darse cuenta de que la realidad de Veracruz-México, Costa Rica y Oruro-Bolivia en la materia objeto del intercambio estaba más próxima a la de otros países latinoamericanos -Guatemala y Ecuador-, los cuáles ya contaban con experiencias exitosas de integración y funcionamiento de Defensorías Sociales en el seno de sus Defensorías Públicas. Finalmente, todas las actividades que realmente se implementaron en el proyecto fueron de intercambio de experiencias y aprendizajes mutuos a nivel sur-sur, realizadas en el marco de un programa euro-latinoamericano y aprovechando estructuras de intercambio preexistentes en la UIBA.

El proyecto se ha implementado en cuatro fases distintas. En la primera etapa se han firmado convenios de colaboración entre las instituciones participantes. Además de los convenios establecidos a nivel nacional entre las Defensorías Públicas y los Colegios de Abogados, y los convenios firmados con la UIBA, en el caso de Costa Rica, también se ha creado un convenio entre el Colegio de Abogados y la Universidad de Costa Rica, responsable de la elaboración de las actividades de formación en este país.

En la siguiente fase se ha preparado e implementado la formación técnica especializada en el área de derecho penal y penitenciario, dirigida a los abogados que se incorporan a las Defensorías Sociales. Salvo en el caso de Costa Rica, los Colegios de Abogados fueron los responsables de la formulación del contenido de la formación técnica especializada y de la selección de los abogados de las Defensorías Sociales que participaron en las formaciones. La UIBA ha colaborado en la elaboración de los curricula y ha participado en la capacitación de los abogados, además de coordinar la transferencia de experiencias entre los expertos de Guatemala y Ecuador y los Colegios de Abogados de los países receptores. Esta transferencia de experiencias ha servido tanto para el desarrollo de capacidades a nivel individual, como para la organización administrativa de las nuevas unidades de Defensoría Social. Expertos del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala y de la Defensoría Social del Colegio de Abogados de Pichincha (Ecuador) han presentado sus experiencias, metodologías de trabajo, dificultades y aprendizajes en su implementación en los tres países receptores.

La tercera fase consistió en la creación de las Defensorías Sociales y el comienzo del trabajo de los abogados en la atención directa y gratuita a la población carcelaria de los distintos centros (11 en Costa Rica, 4 en Veracruz y 1 en Oruro). El primer paso ha sido la convocatoria de reuniones entre las Defensorías Sociales y las Direcciones de los Centros Penitenciarios, con el objetivo de coordinar mutuamente el trabajo con los ciudadanos privados de libertad.

La última fase consistió en la creación de comisiones mixtas de seguimiento y evaluación integradas por miembros de la UIBA, las Defensorías Públicas y las Asociaciones de Abogados del país correspondiente. Estas comisiones mixtas se encargan de garantizar la calidad y eficacia de los servicios prestados por la Defensoría Social, dando seguimiento al trabajo de la misma.

En los encuentros de las comisiones mixtas de seguimiento, los abogados de las Defensorías Sociales comparten sus experiencias y las dificultades encontradas. En los tres países receptores se han encontrado realidades, problemas y soluciones distintas. Un problema compartido de los tres receptores ha sido la desconfianza inicial de la población carcelaria hacia los abogados de oficio, debida en muchos casos a malas experiencias previas. No obstante, cada receptor ha afrontado de forma distinta este problema: En Costa Rica, por ejemplo, se han realizado talleres y charlas con la población carcelaria, además de distribuir hojas informativas.

A pesar de firmar los convenios respectivos, el Ministerio Público de México, algunos jueces y abogados de oficio no han apoyado las tareas de la Defensoría Social. Como contramedida, se han realizado talleres de sensibilización con las autoridades correspondientes. También en México, se han encontrado problemas con la financiación de las fianzas, para lo que se han establecido acuerdos de cooperación con la Fundación Telmex y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Estos ejemplos ilustran como la apropiación y el liderazgo del país beneficiario facilita una mejor gestión del proyecto y una flexibilidad en la adaptación a los problemas específicos de cada país, generando mejores resultados del proyecto.

Outcomes:

En los tres países receptores se ha logrado llegar a un acuerdo sobre convenios entre las Defensorías Públicas y los Colegios de Abogados, lo que ha permitido la creación de las Defensoría Sociales, además de la disposición de medios económicos y recursos humanos. También se ha cumplido el objetivo de formación especializada de 150 abogados.

En cuanto a la atención a presidiarios, hasta el final del proyecto se habían atendido 1.716 casos: 926 en Costa Rica, 664 en Veracruz (México) y 126 en Oruro (Bolivia), en áreas como revisión de sentencias, derecho familiar, casación y asesoría general. A pesar de no cumplir con el indicador específico (3.000 casos), se ha logrado sentar las bases institucionales para asegurar una sostenibilidad del servicio de las Defensorías Sociales.

El proyecto ha impulsado la asociación de distintas instituciones en cada país, fortaleciendo las relaciones entre Sociedad Civil y Estado. El liderazgo de las propias instituciones ha fomentado el desarrollo de dinámicas propias, como la realización de actividades no previstas inicialmente en el proyecto. Se han desarrollado nuevas capacidades y fortalecido las instituciones receptoras (y transferentes), contribuyendo a la mejora de la calidad de la atención al ciudadano y aumentando el acceso a la justicia por parte de poblaciones vulnerables.

Las instituciones han jugado un rol esencial en el éxito del intercambio, ya que se requiere un compromiso continuado de las mismas para que puedan alcanzarse los resultados previstos. Los beneficios de este intercambio no van dirigidos a una persona concreta ni se apoyan los intereses privados de un particular, sino que se persigue mejorar un servicio público que determinadas instituciones de un país prestan a sus ciudadanos o a quienes se hallan dentro de su ámbito geográfico de competencia, atendiendo a un interés general de carácter local, territorial o nacional.

La existencia de instituciones que participan en un intercambio como beneficiarios y transferentes permite alcanzar resultados más sostenibles, ya que implica un enriquecimiento de conocimientos y experiencias para las mismas, las cuales identifican la actividad realizada como un canal apropiado para recibir y transmitir información de utilidad para la prestación del servicio que éstas tienen encomendado en sus respectivos países.

Las relaciones entre beneficiarios y transferentes de la experiencia se vieron reforzadas e intensificadas gracias al intercambio y se han mantenido después de la finalización de las actividades del proyecto, gracias a la institucionalización de canales de comunicación entre pares y mediante el aprovechamiento de estructuras existentes en la UIBA.

Otra dinámica que ha creado el proyecto, es la transferencia de experiencias a otras regiones. En México, el Instituto Veracruzano de la Defensa Pública y la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz ha trasladado sus experiencias con la Defensoría Social a la ciudad de Coatzacoalcos, donde se ha instalado una Oficina Especial de la Defensoría Social. El modelo de las Defensorías Sociales se ha transmitido además a Perú y a Paraguay.

Para la Comisión Europea, el programa EUROsociAL permite adquirir un mejor conocimiento de las realidades político-institucionales y sociales existentes en cada uno de los países que participan en el Programa, haciendo una mejor identificación de necesidades de la ciudadanía, sinergias e intereses comunes, objetivos reales y viables que se pueden alcanzar, instituciones y actores claves, recursos disponibles, conocimientos, prácticas, experiencias y modelos que mejor se pueden adaptar a las realidades objeto de intervención, proyectos, actividades y acciones a realizar. Todo ello contribuye a mejorar las metodologías de intervención.

Los límites para la cooperación europea a la hora de facilitar el aprendizaje mutuo sur-sur en contraste con la asistencia técnica norte-sur están en la coincidencia de voluntades políticas Europa-América Latina acerca de los objetivos, los recursos y la metodología a emplear para alcanzarlos. No obstante, el trabajo en red a nivel euro-latinoamericano permite crear un entorno favorable al desarrollo de dinámicas que van más allá de esos límites y fomentar actividades propias a nivel sur-sur.

Aid Effectiveness:

Este proyecto específico es un ejemplo de buenas prácticas de cooperación triangular y de trabajo en red con un enfoque regional. La identificación, la gestión y la coordinación de las actividades se han realizado inter pares por transferentes y receptores, aprovechando la red UIBA, que facilita una estructura para el intercambio de experiencias entre las asociaciones de abogados a nivel regional. Ha habido una apropiación y un liderazgo de los propios países en la implementación de sus estrategias sectoriales, traducidas en un proyecto operativo, adaptado a las realidades de los países/regiones receptoras y orientado a los resultados. El proyecto ha establecido desde el principio indicadores, calendarios y metas específicas que han permitido medir el progreso y los resultados de las distintas actividades, resultados que nos permiten hablar de un ejemplo de buenas prácticas. Se ha creado una comisión mixta de seguimiento y evaluación para garantizar la orientación a resultados del proyecto y la calidad y eficacia de la prestación de servicios por parte de las Defensorías.

La metodología de trabajo ha permitido crear nuevas estructuras públicas (las Defensorías Sociales) sobre la base de una colaboración con la sociedad civil. Las instituciones han desarrollado su liderazgo e implementado sus propias estrategias de desarrollo por medio de procesos consultivos, promoviendo de esta forma la sostenibilidad de los resultados. El enfoque regional y el trabajo en red también han facilitado la coordinación con otros programas y actores.

El programa EUROsociAL, ha permitido la financiación por parte del norte de una iniciativa/demanda del sur y ha provisto al proyecto con otra red más amplia, facilitando una difusión de la metodología de trabajo y de los resultados entre actores involucrados en el espacio eurolatinoamericano.

Capacity Development:

Capacitación: A nivel individual, se ha brindado formación especializada a los abogados, a nivel organizacional, se han fortalecido los Colegios de Abogados y las Defensorías Públicas, aumentando sus prestaciones de servicios, y, a nivel sistémico, se ha materializado el derecho a la asistencia judicial.

Aprendizajes: Para los organismos transferentes el proyecto ha significado una oportunidad para intercambiar experiencias con los organismos receptores, contribuyendo a la apropiación de sus propias políticas y buenas prácticas.

El liderazgo de los organismos receptores en la implementación del proyecto y la alineación de las actividades con las estrategias sectoriales ha fomentado la apropiación, la facilitación de recursos propios y la adaptación de estructuras organizativas. También el desarrollo de capacidades inter pares y el enfoque regional, partiendo de realidades similares, ha fomentado la apropiación y la apuesta por nuevas políticas de cohesión social.

Las dinámicas sur-sur contienen elementos que resultan atractivos para los países que participan en las mismas, tales como el carácter más desinteresado de las mismas, el mutuo beneficio que obtienen los actores implicados, la mayor similitud de recursos disponibles y de intereses, contextos y realidades existentes. No obstante, el enfoque de EUROsociAL es de trabajo en red euro-latinoamericana y no se puede deducir como un resultado del proyecto que el aprendizaje inter pares a nivel sur-sur es más efectivo que a nivel norte-sur. En este proyecto específico, la participación de la UIBA ha contribuido a reforzar el enfoque de trabajo general de EUROsociAL.

Fuera de la puesta a disposición de recursos, también el desarrollo de una responsabilidad social de las abogacías sostiene ideológicamente el proyecto de la defensa social, pero requiere de un respaldo institucional por parte de las Defensorías Públicas.

Duration:

Enero a Diciembre de 2008

Budget (Optional):

USD 222.094,14

Name of Primary Contact Person:

Inma Zamora

Title of Primary Contact Person:

Directora Técnica Oficina de Coordinación de EUROsociAL

City:

Madrid, España